Esta iniciativa busca reformar la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso, el Reglamento del Congreso y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México con el objetivo de reducir de 60 a 30 días naturales el plazo máximo para que las autoridades respondan a los Puntos de Acuerdo aprobados por el Congreso.
Actualmente, el tiempo excesivo y la falta de claridad sobre cuándo inicia el plazo afectan la eficacia de los exhortos y solicitudes que buscan atender problemas urgentes de la ciudadanía. La propuesta establece que los plazos comiencen a contabilizarse al día siguiente de su aprobación en el Pleno para garantizar respuestas más rápidas y efectivas.
Con esta reforma se busca agilizar el proceso legislativo, asegurar la pronta atención de las demandas ciudadanas y fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y las autoridades responsables.