La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y económico en nuestro país. Afecta principalmente a comerciantes, trabajadores y familias, imponiéndoles pagos bajo amenazas o violencia. En los últimos años, su incidencia ha aumentado de forma alarmante, con más de 10 mil casos registrados en 2023, cifra que sigue en crecimiento.
Esta iniciativa propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el delito de extorsión sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, garantizando que las personas responsables no puedan evadir la justicia.
La medida busca proteger a las víctimas, asegurar el desarrollo de las investigaciones y frenar la impunidad de este delito, el cual afecta la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de millones de personas en el país.