Esta iniciativa propone reformar la Constitución Política de la Ciudad de México para que al menos el 30% de la vivienda social nueva o en renta se destine a los grupos de atención prioritaria, con el fin de garantizar su derecho a una vivienda adecuada y reducir desigualdades habitacionales.
- Se reforma el artículo 9 para establecer que la vivienda social debe incluir un porcentaje mínimo obligatorio del 30% para grupos vulnerables.
- Se modifica el artículo 16 para incluir este porcentaje como parte de los programas públicos de vivienda en el ordenamiento territorial.
- La iniciativa reconoce a los grupos de atención prioritaria como aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda propia.
- Se busca traducir el derecho humano a la vivienda adecuada en acciones concretas de política pública en favor de personas en situación de pobreza, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.
- Refuerza el enfoque de derechos en la política habitacional, alineándose con estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
El propósito de fondo de la iniciativa es fortalecer la equidad social y garantizar condiciones dignas de vida para las personas más vulnerables, asegurando su acceso a vivienda adecuada en la Ciudad de México.